El objetivo es aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español en el marco de una competencia justa que redunde en beneficio del sector y los consumidores.
Se basa en un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena alimentaria.
Se crea el Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria que impulsarían el Ministerio y las organizaciones y asociaciones representativas de la producción, industria y distribución.
Se establece la obligación de formalizar por escrito los contratos dependiendo del importe y de la situación de desequilibrio.
Se incluye un control administrativo tipificando las infracciones y sanciones y corresponde a la Administración General del Estado o a las CCAA ejercer la potestad sancionadora.